La crisis, fuente de nuevas oportunidades

Estamos viviendo una crisis económica de magnitudes inimaginables a raíz de la emergencia mundial del coronavirus que nos aqueja, desde su aparición en diciembre de 2019 en Wuhan, China. Tal escenario ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Estado para diseñar estrategias de contención del brote, la mitigación del número de contagios, movilizando recursos fiscales para preservar la vida como el bien más preciado; aunque ello signifique en contrapartida, asumir consecuencias económicas.

Al respecto resulta acertado esbozar dos hipótesis estructurales. La primera señala que las pandemias --como el Covid 19--, generalmente constriñen el consumo y la oferta de trabajo de los hogares como efecto de las medidas de distanciamiento social para ralentizar el ascenso de casos de contagio. La segunda postula que una crisis sanitaria de esta magnitud --obviamente-- trae consecuencias económicas de mediano y largo plazo, que podrían repercutir en una recesión, si no se aplica medidas a tiempo, para aminorar los riesgos y peligros.

Si tomamos en cuenta ambas conjeturas, es comprensible el impacto directo en la paralización de producción de las empresas, la falta de ingresos y el cierre de pequeñas y medianas empresas; el despido de empleados a raíz de la interrupción de cadenas de suministros y procesos productivos manufacturados que requieren insumos intermedios --las más de las veces importados-- y que, al encontrarse suspendido por las restricciones de transporte, repercuten en la desaceleración de actividades económicas. Finalmente, el cese de suministros, que pone en riesgo la liquidez financiera de las empresas y mercados.

Bolivia, al igual que los países de la región, viene aplicando medidas de protección y seguridad social implementadas desde el ámbito de la salud pública y la economía, para afrontar este momento histórico de gran incertidumbre. En el primer caso, han sido activadas las políticas de salubridad consistentes en la conformación de equipos de respuesta inmediata a nivel departamental, priorizando el análisis epidemiológico, el estudio referido a la clínica del SARS2 y los mecanismos para enfrentar, contener, mitigar, minimizar los casos y el impacto en las poblaciones más vulnerables.

En el plano económico, el gobierno ha dispuesto el financiamiento y distribución de bonos de apoyo social como la Canasta Familiar, Familia y Universal, para atenuar los efectos del Covid-19 en los hogares y familias en este tiempo de cuarentena, y para el sector empresarial se ha dispuesto líneas de créditos para el pago de sueldos a los trabajadores y otro para su reactivación.

Tales medidas, además de significar una disminución sustancial de ingresos, también agrava la salud macroeconómica tan venida a menos, desde hace años, al igual que las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 21 de abril, presentó el informe especial “Dimensionar los efectos del Covid-19 para pensar la reactivación”, donde establece la baja de proyecciones de crecimiento del PIB de Bolivia de 3% a -3%, debido a los efectos económicos y sociales del coronavirus en el país.

Lo cierto es que detrás de una gran crisis puede haber una gran oportunidad, sin perder el horizonte de prioridad que supone proteger y preservar la vida. Pero al mismo tiempo, es urgente amortiguar el impacto de la recesión en todos los niveles, abrazando una suerte de “crisis solidaria” para afrontar el déficit adicional y excepcional que permita el reflote de nuestra economía. Un camino para ello es la inversión en infraestructura pública de salud que, además de reactivar la demanda interna y la creación de empleos, aseguraría la sostenibilidad del sistema público de salud; dado que los déficits están precisamente en este tipo de situaciones no sistémicas, excepcionales y transitorias.

El autor es MGR. Docente e Investigador.