El cártel de Evo (II)

Este segundo comentario sobre el libro de Diego Ayo rescatará las investigaciones realizadas en torno a todo el proceso de corrupción a lo largo de los 14 años de gobierno de EVO a la cabeza del gobierno y del MAS.

Pero, nuestro autor primero explica con toda claridad cómo se conforma el cártel y como se garantiza su funcionamiento, lo que él explica como un proceso de captura, clientelismo, matonaje, clanificación y corrupción gangsteril.

La captura sería el primer paso de este proceso de apropiación de recursos estatales para ponerlos al servicio de una oligarquía política. Utilizando como modelo una investigación desarrollada en el Perú, por la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales. ¿En qué consiste la captura?, explica: “este fenómeno hace referencia a la vinculación informal/clandestina entre el gobierno y el conjunto de empresas privadas (nacionales, pero sobre todo extranjeras) con el propósito de beneficiarse mutuamente, la empresa con contratos cautivos y el gobierno con recursos ilegales por concepto del “favor” otorgado precisamente a aquellas empresas.

La construcción de toda esa trama se basa en: i) el tamaño de la empresa, con preferencia muy grandes, ii) la condición internacional de la empresa, lo cual contribuye a garantizar la impunidad, iii) atraer empresas con recursos propios”.

Todo ese esquema les permitió contraer grandes contratos, con su propio financiamiento, con lo cual se podía obtener grandes tajadas a favor de los socios dueños del poder, que de esta manera hicieron grandes fortunas.

¿Cuáles son los ejemplos claros que recoge Ayo en esta extraordinaria investigación? Se presentan los casos de:

CAMC, empresa china que se instaló cómodamente en el propio palacio de la plaza Murillo, mediante una joven guapa: Gabriela Zapata de apenas 26 años, gracias a la relación amorosa de ésta con Evo, la cual tuvo un hijo para éste.

Esa relación conveniente hizo posible que CAMC lograra seis enormes contratos: Empresa Azucarera San Buenaventura, construcción del primer tramo vía férrea Montero-Bulo Bulo, construcción de la presa Misicuni, proyecto de construcción de la Planta de Sales y Potasio; provisión de redes de gas para YPFB y de equipos de perforación para YPFB y, para la Gobernación de La Paz, equipamiento con maquinaria para la dotación de agua en este departamento.

Todos los contratos tuvieron unos sobreprecios enormes, CAMC no era una empresa de prestigio y para sus trabajos subcontrató a otras con experiencia.

La gigantesca cantidad de recursos financieros que la mafia obtuvo mediante estos contratos le sirvió para apoyar lo que Ayo denomina el clientelismo, esto es, se compra a las organizaciones sociales con prebendas, las cuales se retribuye con el apoyo político electoral para garantizar la continuidad en el poder, lo que les permitió a su vez gozar de miles de beneficios.

Para ilustrar mejor el clientelismo, Ayo presenta el caso del Fondo Indígena, el cual “supuso el desfalco de millones de dólares además de la ineptitud en el uso de recursos asignados a esta institución”. En lo anterior, como destaca el análisis, hubo incapacidad en el manejo de los mismos. Si bien el fondo recibió desde el 2006 hasta finales del 2015, 3.197 millones de bolivianos, mantuvieron 1.855 millones sin ejecución.

Además, “se propició una centralización inconsulta de algunos recursos del Fondo para tareas no concertadas siquiera con los indígenas. Adicionalmente los recursos fueron entregados en función a criterios de lealtad. Se dio más dinero a los aliados y no a los más necesitados y/o los más eficientes”.

En toda esta tragedia destaca que “no hubo control en la ejecución de los recursos, lo que derivó en que se terminara por depositar 685 millones de bolivianos a 978 cuentas particulares de dirigentes sociales aliados al MAS (sólo 60 fueron recursos transferidos a nombre de proyectos)”.

Para concluir, un gobierno que ha dado semejantes muestras de corrupción e ineptitud sigue ansioso por retornar al poder, con su líder que momentáneamente vive en una casa de lujo en Buenos Aires, protegido por guardias de seguridad y alentando a sus aliados en nuestro país para perjudicar en todo lo posible la gestión del gobierno de transición.