Pandemia para exterminar la vida, elecciones genocidas

La Constitución Política del Estado establece: Art. 18. I. “Todas las personas tienen derecho a la salud”, por tanto el gobierno transitorio tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud y por consiguiente la vida de millones de bolivianos y bolivianas. Lamentablemente, la Presidenta promulgó la Ley de Elecciones, para el 6 de septiembre, sin tener un estudio científico sobre la proyección de la pandemia del COVID-19, como supuestamente se pidió. Es decir, “le meten nomás”, sin tomar en cuenta que la Ministra de Salud indicó que incluso con cuarentena en septiembre subirá a más de 2.000 casos por día, llegará a 140.000 contagiados por el coronavirus y fallecimientos. Con esa ley criminal se obliga a votar y morir.

La Presidenta olvida que debe garantizar la SALUD, como primera servidora del Estado tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución”, sin embargo se escuda en los caudillos tradicionales que la “presionaron”, ¿dónde queda su autoridad?, se somete a los politiqueros que exigen elecciones en pleno ascenso de la pandemia, con un país sufriendo por las deficiencias alarmantes de bioseguridad, sin suficiente equipamiento, falta de personal médico. Además que víctimas del COVID-19 mueren en las puertas de hospitales, recogen muertos en calles, no tienen una sepultura digna, por lo que familiares ni conocen dónde están enterrados sus seres queridos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece: Art. 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Art. 25 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud…”. Los veedores internacionales tomarán en cuenta la Declaración de los Derechos Humanos o serán cómplices de la atrocidad que pretende consumar la partidocracia que carece de militantes idóneos, por falta de un Padrón Electoral legal y legítimo, ya que hasta ahora no se depuró a los muertos, ni las dobles cédulas de identidad, comprobado por el informe de la OEA y los mismos veedores de la Unión Europea.

Al soberano se le obliga a escuchar propuestas de partidos políticos, muchas veces incongruentes, que tratan de captar votos. No se tomó en cuenta el ausentismo que habrá por temor a contagios masivos, producto de la crisis sanitaria del COVID-19. El apresuramiento para llevar elecciones genocidas tiene otro fin, la señora Copa, que usurpa funciones, con su estrategia electoral del MAS que cobró vigencia --gracias a los errores garrafales del gobierno transitorio, que hace lo posible para el retorno del cocalero fugitivo--, marcó el horizonte mortal para la debilitada democracia, aún secuestrada en el Legislativo. Los candidatos correrán en sus campañas proselitistas, avalando y siendo cómplices y funcionales de los genocidas del proceso electoral que muchas veces abortó, por el fraude, la crisis sanitaria y ahora nació deformado por su condición de ilegalidad e ilegitimidad. La partidocracia ha destruido los principios y preceptos democráticos del Estado, no hay igualdad de voto, a pesar del mandato de la CPE, con la Ley 421 inconstitucional que otorga más poder de decisión a las zonas con menor población. Además el partido del MAS que hizo fraude debió ser juzgado y sancionado con la eliminación de su personería jurídica, como manda la Ley de Organizaciones Políticas.

Exigimos a la presidenta Jeanine Áñez y su gobierno: 1) Depurar el Padrón contaminado, por ser ilegal e ilegítimo. 2) Anular la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0084/2017, ILEGAL, que le permite la reelección INDEFINIDA a Evo Morales. 3) Abrogar la Ley 421 por inconstitucional y porque viola el derecho a la Igualdad. 4) Postergar las elecciones hasta el 2021, o cuando el COVID-19 sea reducido para evitar el genocidio de millones de bolivianos, muertes que la partidocracia con su aprobación está impulsando. Hecho que puede ser sujeto a un Juicio de Responsabilidades por Resoluciones contrarias a la Constitución, daño económico al Estado y proceso penal por genocidio.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.