Según pronunciamiento
23 instituciones que defienden los derechos humanos, entre ellas el Instituto de Terapia e Investigación sobre secuelas de la tortura y la violencia de Estado (ITEI) manifestaron que el hacinamiento en las cárceles significa una amenaza de muerte y una forma de tortura suficiente para quebrar a una persona.
“Hoy en día, el Gobierno, el parlamento y la justicia se vuelven culpables de tortura y otros malos tratos al tolerar el hacinamiento en las cárceles de Bolivia. Ello sabiendo que el hacinamiento es una bomba de tiempo a punto de explotar, puesto que expone a las personas privadas de libertad al contagio del Covid-19 y, en consecuencia, a la muerte, porque no hay garantías sanitarias”, se lee en parte del manifiesto dado a conocer el 26 de junio, Día Internacional de las Naciones Unidas, en apoyo a las víctimas de la tortura.
En otra parte del manifiesto se lee que hasta la fecha, las medidas de protección contra el Covid-19 han sido, en su mayoría, asumidas por los propios privados de libertad.
“En el caso de la cárcel de San Pedro, en La Paz, los barbijos y la bomba de fumigación fueron pagados por los propios privados de libertad. Sin embargo, hay temas que ellos no pueden resolver por sí solos. Por ejemplo, no se aplican medidas de cuarentena para los nuevos reclusos que ingresan a la cárcel de Palmasola, donde ya hubo un brote del virus que dejó como saldo varios casos de contagio y 13 fallecidos”, se lee.
Aclararon que el hacinamiento es una realidad en todos los centros penitenciarios del país y aunque las personas privadas de libertad tratan de organizarse y protegerse, es vano si el Gobierno no se hace responsable de prevenir una posible explosión del contagio.
Advierten que está latente el riesgo de que privados de libertad lleguen a manifestar reacciones descontroladas de desesperación, pánico y de tipo violento, que implique una exacerbación social entre las personas detenidas y los funcionarios de las cárceles.
CONTAGIOS
Por otro lado, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, informó el sábado que 124 privados de libertad de las cárceles de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Beni se encuentran infectados con Covid - 19, y 63 se encuentran en situación de aislamiento con sospecha de portar el virus.
“A diferencia de quienes cuestionan el tema de régimen penitenciario, 14 años abandonaron y dejaron a su suerte a los privados de libertad de todo el país. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha instruido ajustes presupuestarios y austeridad en algunas áreas, para fortalecer la presencia profesional de médicos en los diferentes recintos penitenciarios del país”, explicó.