Gobierno amplía denuncia contra Evo Morales en caso respiradores

El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, informó ayer que dentro del caso respiradores, ampliaron la denuncia penal contra el expresidente Evo Morales y otras exautoridades que sostuvieron conversaciones con el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando V., quien se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.

Melgar aclaró que la ampliación es contra 17 personas que estarían involucradas en la adquisición, con un presunto sobreprecio, de los 170 ventiladores españoles de marca Respira.

Entre los denunciados se encuentran la exministra de Salud, Gabriela Montaño, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, el hermano de la extitular de Salud, Carlos Montaño, entre otros.

“La denuncia se ha ampliado por los posibles delitos de autoría mediata (…), enriquecimiento ilícito por particulares con afectación al Estado, tomando en cuenta que estas personas han dejado de ser funcionarios públicos (…). Asimismo, se ha ampliado por organización criminal vinculada a delitos de corrupción”, dijo Melgar.

LLAMADAS

La noche del jueves 25 de junio, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Iván Rojas, refirió que luego de realizar pericias forenses a los celulares del empresario Fernando H., conocido como el “testigo clave”, y el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando V., se detectó que ambos sostuvieron conversaciones con exautoridades, de manera permanente.

El empresario realizó y recibió 5.800 llamadas, entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año. Rojas reveló que el “testigo clave”, llamó en 19 oportunidades a Evo Morales y recibió 10 llamadas del exmandatario.

La autoridad policial precisó que el trabajo pericial detectó que el empresario también se comunicó este año, con el exministro de Gobierno, Carlos Romero; el vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS) en Cochabamba, Orlando Zurita; la gobernadora cochabambina, Esther Soria (MAS), entre otros.

Rojas informó que en el celular de Fernando V. se encontró una carpeta oculta con una serie de conversaciones, vía WhatsApp, y que el pasado 8 de marzo, se registró una conversación entre Fernando V. y Carlos Rodrigo Montaño Viaña, hermano de la exministra, Gabriela Montaño.

En parte de ese chat, Fernando V. le dice: “Hermano, estoy jodido, han intervenido mi teléfono, tienen sospechas jodidas” y advierte que el Gobierno está muy cerca de descubrir que “aún sigo en contacto”.

Luego, Fernando V. y Gabriela Montaño intercambiaron llamadas perdidas de ida y vuelta por WhatsApp, lo que hace presumir que eran una suerte de códigos secretos para trasladar la comunicación a una plataforma difícil de rastrear, como el Telegram.

Al respecto, el abogado Eusebio Vera manifestó a EL DIARIO que la investigación que realiza el Ministerio Público en el caso es muy cuestionado ya que dio un giro radical involucrando a personas que no participaron de manera directa.

“Las llamadas no son fuertes, todos tenemos contactos telefónicos, no veo el tema como un hecho generador de ilícito, empero ello dependerá de la hipótesis que manejan los fiscales”, aseveró.

PRIVILEGIOS

Por otro lado, Melgar aseguró que llama la atención las llamadas entre Fernando V. y el exministro de Gobierno, Carlos Romero, tomando en cuenta que este último guarda detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, desde enero de 2020.

“Qué privilegios tiene el señor Carlos Romero en el penal de San Pedro, para tener aparato telefónico?, los internos están prohibidos de tener este tipo de artefactos, sin embargo él desde el interior del penal, contando con teléfono celular, se comunicaba con el señor Fernando V. y respecto a este hecho vamos a tomar las acciones correspondientes porque no solamente el doctor Romero podría incidir en el tema respiradores, sino en su propio caso, él podía haber influenciado en testigos y peritos del caso por el cual se encontraba con detención preventiva”, apuntó.

DATOS

GPA Innova vendió ventiladores al Gobierno de Bolivia a través de la empresa IME Consulting. El precio de los equipos es de 6.000 euros (6.567 dólares) y los accesorios suman dos mil euros más. Por lo cual el modelo básico cuesta en total 8.000 euros, equivalentes a 8.756 dólares. Pero el ministerio de Salud pagó 28.080 dólares.

Los equipos, que ya fueron distribuidos a distintas regiones del país, no funcionan porque su software no está actualizado y además carece de algunos elementos.

Bolivia ya pagó cerca de 2,2 millones de dólares de un total de 4,7 millones y el Gobierno anunció que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.