A un año del incendio en Chiquitania
Maite Lemus
Hace un año empezaron los devastadores incendios en la Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz, y otras zonas de la Amazonia boliviana, y expertos aseguran que esta situación puede volver a ocurrir, incluso con mayor gravedad. Las normas que alientan las quemas y chaqueos no han sido derogadas aún.
A mediados de julio de 2019 se registraron los primeros incendios y luego estos no pudieron detenerse hasta octubre, cuando en parte gracias a las lluvias fueron extinguidos. Miles de voluntarios bolivianos, además de uniformados y bomberos de varios países, lucharon contra el fuego de manera desesperada, y en muchas ocasiones, ineficaz.
Los incendios se iniciaron casi inmediatamente después del decreto supremo 3973, que autoriza los desmontes mediante quemas para incrementar la frontera agrícola destinada a las actividades ganaderas y agrícolas. No ha sido derogado, pese a que la presidenta Jeanine Añez podría hacerlo con otro decreto y exigió aquello en 2019 cuando era legisladora.
Al final, casi seis millones de hectáreas fueron quemadas, ante la negativa tozuda del expresidente Evo Morales de decretar emergencia nacional. Si lo hubiera hecho, hubiera facilitado el ingreso de uniformados de otros países, pero eso era algo que, por lo visto, no deseaba hacer.
Hubo mucha especulación del porqué de la terquedad del gobierno al respecto. Una de las razones que se esgrimieron fue que el gobierno no deseaba que uniformados de otros países pudieran cerciorarse de la actividad del narcotráfico en el país. La mala gestión de Morales sobre el tema hizo que bajara su popularidad y terminara incapaz de ganar las elecciones de octubre del año pasado.
ALERTAS DE AMBIENTALISTAS
Pabló Solón, ambientalista y director de la Fundación Solón, explicó que este año existe actualmente un crecimiento de focos de calor y que el desastre ambiental puede volver a ocurrir.
“Desde el 1 de enero de este año hasta el día de hoy se tiene 43.283 focos de calor. El año pasado en el mismo periodo de tiempo se tenía 41.566, según datos del sistema de seguimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Por lo que ya tenemos un incremento este año (1.717) y con estos datos se muestra que podemos tener más focos de calor al final del 2020 que del 2019. Y si seguimos a este ritmo vamos a repetir la situación del año pasado y probablemente estemos incluso hasta peor”, alertó el experto.
Solón agregó que la anterior gestión fue la peor en incendios de la última década.
De las hectáreas que se quemaron el año pasado, medio millón correspondían a bosques y el resto a pastizales.
Por su parte, Cecilia Requena, ambientalista, dijo a Brújula Digital que debido al “megaincendio” la región se volvió más seca y por lo tanto, más propensa a que se vuelva a repetir incendios de gran magnitud.
“No dejan de agravarse las condiciones de contexto que se presentan en dinámicas de círculos viciosos: debido al megaincendio, la región es, por ejemplo, más seca y por tanto menos resiliente, más propensa a nuevos y agravados incendios. Por si fuera poco, el cambio climático no deja de aumentar las temperaturas globalmente y de alterar ciclos hídricos, como el régimen de lluvias”, dijo Requena, que es candidata a senadora por Comunidad Ciudadana.
Agregó que las NNUU acaba de publicar un informe que advierte que hay 20% de probabilidad que la temperatura promedio global llegue al umbral de 1,5C en algunos meses de los próximos cinco años! ¡Los bosques son indispensables para luchar contra el Cambio Climático!”, explicó Requena.
Por otro lado, la experta dijo que debe haber mayor conciencia colectiva. “Hay algunas mejoras que urge reforzar: la mayor conciencia colectiva nacional y global, el mayor involucramiento y compromiso de la juventud; así como una creciente corriente mundial que se irá expresando con más claridad en esferas tradicionalmente alejadas del compromiso con la sostenibilidad hasta ahora: las comerciales, financieras, empresariales, las de la integración y la política”.
Ante esta situación, Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra,señaló que en 2019 se marcó un récord histórico. “Nunca antes habíamos tenido tanta cantidad de incendios en un solo año”, dijo.
Agregó que el temor que se tiene es que se vuelva a repetir el desastre ambiental que se vivió en el país. Sin embargo, Colque dijo a Brújula Digital que, según indicadores obtenidos, entre los meses junio y julio la cantidad de focos de calor de esta gestión es un 50% menor en comparación del año 2019.
“Según nuestro monitoreo que tenemos, en junio y julio (de este año) hemos contabilizado como 2.900 focos de calor. Pero en el mismo periodo de tiempo del año pasado teníamos 6.900, entonces la comparación dice que lo que está pasando ahora (en estos meses) es un 50%. Y ese es un indicador alentador en el sentido de que por lo menos de inicio no estamos viendo que pueda suceder algún hecho de la misma magnitud que el año pasado”, señaló Colque.
Pese a ello, dijo, la situación es delicada ya que julio, agosto y septiembre “son los meses secos en el que se propaga los focos de calor”.
A su vez, Solón señaló que en los próximos días organizaciones indígenas, ambientalistas y religiosos, entre otras, de todos los países que integran la cuenca amazónica, están organizando una asamblea mundial virtual. “Tememos de que este año la situación vaya a ser peor, entonces se está planteando una coordinación regional para hacer frente a esta situación”, manifestó a Brújula Digital.
LEYES “INCENDIARIAS”
Las leyes aprobadas durante el gobierno del MAS fueron la 337, de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que establece un “perdonazo” para los desmontes que se hayan ejecutado sin autorización entre 1996 y 2011; la 741, “que autoriza el desmonte para pequeñas propiedades para actividades agrícolas y pecuarias”; la 1098, de Aditivos de Origen Vegetal, para que Bolivia “ingrese en la era del etanol” y la producción de biocombustibles; la 1171, de Uso y Manejo Racional de Quemas, que reconoce “el manejo y uso del fuego como herramienta en la actividad productiva en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”.
Esas leyes fueron aprobadas por el MAS y por la bancada de Demócratas.
Según Solón una de las razones para se produzcan las quemas es que siguen vigentes las normas. “Este conjunto de normas incentivan los incendios porque el que quema incluso el que fuera encontrado, la sanción que tendrá que pagar es mínima y lo que se ha venido demandando desde el año pasado es la abrogación de este conjunto de derechos y leyes ‘incendiarias’ como los denominamos”, dijo.
El ambientalista contó a Brújula Digital que presentaron proyectos de ley para la abrogación de dichas leyes tanto a la presidenta Jeanine Añez, y del Senado, Eva Copa. Sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta. “No ha habido ninguna reacción por parte de ninguno de los dos”, expresó Solón.
Añadió que se presentó una denuncia ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza y debido a la pandemia del coronavirus el proceso no avanza rápido, además que tiene que llegar una delegación para realizar una evaluación sobre lo suscitado en la Chiquitania.
Requena expresó que las normas “incendiarias” que siguen en vigencia han ido sumando su poder devastador en el tiempo y considera que el gobierno no hizo esfuerzos para cambiar esta situación porque:
“representa a importantes sectores que históricamente han generado ingresos a costa del bosque y que desean mantener esas prácticas”.
La experta agregó que es importante dialogar para poder llegar a un acuerdo. “Hacia delante, debemos dialogar para co-construir en un auténtico compromiso del gobierno y de los productores con el incremento sostenible de la productividad, en vez de seguir avanzando, vía deforestación, sobre tierras que no son aptas”. (Brújula Digital)