Asuntos capitales

Los políticos de turno y una buena parte de la sociedad boliviana se atrincheran en debates coyunturales muchas veces con elevada efusividad y no menor violencia verbal contra sus opositores igualmente coyunturales. Esta característica social no es únicamente boliviana. También otros países de América Latina han adoptado similares modos de hacer campaña y hacer política.

Sin embargo, el problema principal de dicha dicotomía, entre los buenos y los malos, no permite entrever asuntos capitales para el devenir histórico del país.

Uno de estos asuntos capitales es el sistema político. Bolivia padece durante siglos de un excesivo control y toma de decisiones desde el Ejecutivo Nacional, siendo así que el Parlamento es un mero disfraz presidencialista en la mayoría de las veces y una maquinaria de hacer leyes a gusto y antojo de la élite de gobierno. Esto ha generado a lo largo de los siglos una supremacía cuasi absolutista que contribuye a formas de abuso de poder.

Contrariamente, el parlamentarismo moderno tiene como ventajas: a) mayor representación del conjunto social; b) mejor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno en la medida que puede cambiar el poder ejecutivo adoptando la moción de censura; c) mayor consenso en las decisiones al considerarse más la participación y el trabajo en equipo.

Por otra parte, hay países que son además repúblicas federales. El caso de Alemania es un buen ejemplo. El federalismo es un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de Estados asociados, en primer lugar, que luego delegan competencias a un Estado federal central. Consecuentemente, el federalismo permite una auténtica y mayor descentralización política y administrativa.

La Constitución boliviana de 2009 permea graves falencias de orden estructural por la complejidad y alta contradicción que emana de ella. Ciertamente, el sólo hecho de tener más de una treintena de lenguas oficiales y dos banderas nacionales --algo inédito, y cuando menos absurdo-- es solamente la punta del iceberg de una serie de galimatías que no permite el desarrollo legislativo de esta Constitución, y a la postre invita a los gobernantes de turno a elevadísima concentración de poder y conflictos sociales al borde de la navaja.

El reto de los estadistas y las nuevas generaciones estriba en dialogar en diferentes escenarios éstas y otras cuestiones capitales. A su vez, la Unión Europea podría colaborar en promover esta tarea, dada su antigua tradición federal y parlamentaria. No se trata, por supuesto, de copiar modelos foráneos ni descubrir la pólvora: el derecho es un producto cultural, pero tampoco es --nunca debería serlo-- un experimento social.

El autor es abogado y escritor.