Falta de política de Estado para cuidar a nuestros niños

Esther tenía nueve años, murió asfixiada con signos de abuso sexual, se quedó en su casa a cargo de su hermanita menor de 3 años, mientras su mamá con su bebé de 2 meses salió a ganar el pan del día porque era jefa de hogar. Esther quería ser maestra, para que su mamá no fuera a trabajar y por la pandemia del letal virus su casa se convirtió en un infierno y lugar de muerte. El confinamiento por el Covid-19 implica para muchos niños violencia y muerte en su hogar, muchas veces por parte de sus progenitores o su entorno familiar. Los matan por odio, machismo, los agresores se sienten poderosos y creen que les pertenecen y no pueden asumir su responsabilidad por traer hijos al mundo, solventar su alimentación, vivienda, es decir por la extrema pobreza que vive Bolivia.

La Constitución establece: Art. 15. I. “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”. Art. 59. I. “Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral”. El Art. 258 del Código Penal establece que comete infanticidio “quien mate a una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus 12 años”, y fija una pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto”. Sin embargo, 33 menores han sido asesinados, muchos por sus progenitores, y otros por abuso sexual que terminó en la muerte de nuestros niños. Además 666 niñas menores de 15 años quedaron embarazadas, la mayoría por violación sexual.

El día 1 de enero de 2020 una bebé de 8 meses fue degollada y sus padres se suicidaron por la crisis económica que vivía la familia. El 2 de enero, 4 hermanos, 2 mujeres y 2 varones, fueron victimados por su padre. También se reporta que del 1 de enero al 13 de julio de 2020, hubo 34 infanticidios en Bolivia, según informó Andrés Flores del IDIF; en La Paz 11, Oruro 7, Santa Cruz 6, Cochabamba 5, Potosí 4, Chuquisaca 1. En el año 2019 hubo 66 infanticidios.

La violencia que sufren los niños se ha incrementado durante la cuarentena en Bolivia y se complica para madres solteras y de escasos recursos, como la de Esther que simboliza y representa a muchas niñas en Bolivia que viven en la pobreza, cuyas madres tienen que salir a trabajar. El caso de Esther es solo la punta del iceberg, considerando los índices de mayor violencia intrafamiliar, contra la niñez y la mujer y ahora con el Covid-19 los niños están encerrados con sus agresores, alejados de sus escuelas. Hubo 400 casos de violaciones y 12.605 casos de violencia intrafamiliar, donde las víctimas son menores.

La mayoría fue victimada por sus progenitores, padrastros, madrastras o familiares cercanos, en menor cantidad por abuelos o tíos; es un “crimen de odio”. Y las Alcaldías y las gobernaciones no cumplen esa sagrada obligación de proteger el recurso humano valioso como son los niños y adolescentes, con políticas de prevención para evitar que más menores sean asesinados. Los niños de 2 o 3 años no pueden salir a las calles a exigir al gobierno la garantía de su derecho a la vida, en la calle no se ve letreros que digan “no mates a un niño”.

Los sistemas de protección a la niñez deben ser fortalecidos con asignación de recursos, así como ayudar a las personas desde pequeñas a identificar si pueden ser o no padres, con prácticas y simulacros en la escuela y en el colegio, sobre los roles que deben cumplir los padres y las madres frente a la extrema pobreza, embarazos no deseados, abandono de un padre, depresión, posparto, psicopatía por depresiones químicas, bipolaridad y estados de esquizofrenia.

Exigimos a los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y local, políticas públicas de estado de prevención, a corto, mediano y largo plazo, para evitar que sigan matando a inocentes niños que lo único que hicieron fue venir a un mundo donde no los quieren y, por tanto, son víctimas de odio, maldad, machismo y exterminio de sus vidas que empiezan a florecer.

La autora de esta nota es Economista y

ex Asambleísta Constituyente.