Por el Covid-19, el país necesita crédito externo

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe actuar de manera responsable, oportuna y en bien de la población en general, para brindar certidumbre sobre la sostenibilidad de sus fuentes laborales, viabilizando la aprobación de los créditos en curso, ahora bajo su jurisdicción. Entendemos que estos recursos serán utilizados en la implementación del Programa de Reactivación del Empleo y otras medidas de la lucha contra el coronavirus.

La ALP no debe obrar por intereses políticos. El Secretario General de las Naciones Unidas fue claro al señalar que “en un contexto en el que ya existen enormes desigualdades, niveles elevados de trabajo informal y servicios de salud fragmentados, las poblaciones y las personas más vulnerables son una vez más las más afectadas”, pues unos 45 millones de personas caerán de la clase media a la pobreza en Latinoamérica y el Caribe, la región más desigual del mundo, debido a la pandemia de coronavirus.

La realidad y las perspectivas de la economía nacional se las puede describir de la siguiente manera: La recesión mundial también tendrá efectos en el país; organismos internacionales estiman que llegará a un 6%. El PIB fue estimado en el presupuesto nacional 2020 en unos 44.000 millones de dólares, monto que bajará a 39.000 millones. Las reservas internacionales, con los préstamos por 3.500 millones de dólares que están para aprobación de la ALP, llegarán a fin de año a unos 8.000 millones de dólares.

Los activos de la banca hasta fines de año estarán por los 26.000 millones de dólares. La deuda externa subirá de 12.000 a 13.500 millones de dólares, aún por debajo de los márgenes de endeudamiento externo del 50% del PIB, lo que nos permitirá endeudarnos más si la crisis de la pandemia nos lo exige.

La deuda interna rondará los 6.000 millones de dólares. Seguiremos con una balanza comercial negativa, pero no tan marcada como la del año pasado.

Llama la atención que la carga salarial en la administración pública está en unos 6.000 millones de dólares al año, y los ingresos por impuestos son algo más de 7.000 millones de dólares, según el Presupuesto General de la Nación 2019.

Los nuevos créditos que gestiona el gobierno son: 450 millones de dólares del BID, para el proyecto “Apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por coronavirus”. 350 millones de dólares de la CAF, para el programa “Línea de Crédito Contingente de Apoyo Anticíclico”.

Luego está el préstamo de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial, por 70 millones de dólares, destinado a proyectos de resiliencia urbana en Bolivia.

El cuarto préstamo, también de la CAF, por 11,5 millones de dólares, es para el proyecto “Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Alto”.

A los 881,5 millones de dólares que suman estos nuevos préstamos se debe añadir los 1.500 millones de dólares que se emitirá en bonos soberanos, --que ya fueron previstos por el gobierno del MAS al elaborar el presupuesto 2020--, ahora destinados a enfrentar la crisis generada por el coronavirus.

En la segunda quincena de junio, la amplia mayoría del MAS en la Cámara de Diputados sancionó la Ley para el Control y Fiscalización del Endeudamiento Público y Donaciones, que --según ellos-- busca garantizar que los préstamos externos cuenten con condiciones financieras favorables para el país.

Esta determinación no guarda ninguna relación con el accionar que tuvo esta misma Asamblea Plurinacional, cuando la administración de Evo Morales incurrió en endeudamientos destinados a inversiones innecesarias. Como dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, “entre 2006 y 2019 el Gobierno de Evo Morales contrajo una deuda de algo más de 17 mil millones de dólares en la época de mayor bonanza económica que ha vivido el país, fruto de los precios de los hidrocarburos”.

Los parlamentarios masistas plantean que “los préstamos públicos externos cuenten con condiciones financieras favorables para el país”, olvidando que la aprobación de los financiamientos requeridos por Evo Morales no tuvo el tratamiento que ahora exige la Asamblea Plurinacional.

La actual administración hizo los esfuerzos necesarios para conseguir recursos externos que permitan cubrir la caída de los precios de nuestras exportaciones, la baja recaudación tributaria por ampliación de plazos por la pandemia y el presupuesto adicional para la salud, llenando vacíos dejados por Evo Morales, pero la Asamblea --en un cálculo político-- bloquea la canalización del financiamiento, con los consecuentes perjuicios para el pueblo boliviano, especialmente los más necesitados.

Es cierto que se ha sugerido medidas como la venta del avión presidencial, reprogramar inversiones ya aprobadas por Evo y otras acciones de ahorro, pero éstas son insuficientes para atender las necesidades generadas por la pandemia en temas de salud y reactivación del aparato productivo.

Además, si la Asamblea Plurinacional se tomase la molestia de revisar las condiciones de los financiamientos ofrecidos ahora, comprobaría que son más flexibles que las obtenidas por la anterior administración gubernamental.

La visión política de los parlamentarios del MAS, que no aprueban los créditos que necesita el país, solo perjudicará a los sectores que este partido dice representar y defender.

El autor es Economista, empresario y ahora Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ph.D., miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.