Ascensos militares en respuesta al boicot de la Asamblea Legislativa

En el Estado de derecho no se puede considerar un poder único, ya que éste representa un riesgo para el Estado y para el pueblo; el Artículo 7 de la CPE señala: “La soberanía reside en el pueblo boliviano… De ella emanan por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público…”. Así mismo, el Art. 11 dice: “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia entre hombres y mujeres” y el Art. 12 describe: “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”.

De tal forma que, como herramienta fundamental, surge la teoría de pesos y contrapesos para fortalecer el Estado de Derecho, donde cada poder instituido es igual de importante en la conformación de la forma de Gobierno. Sobre esta misma base, en el caso de los ascensos militares, si la Asamblea Legislativa se apartó del estado de derecho, entonces para equilibrar la balanza jurídica están los otros órganos del Estado, las leyes y la misma sociedad civil, a fin de frenar todo acto ilegal y/o arbitrario. Por lo tanto, el decreto presidencial que promueve los ascensos al grado de general y almirante, es un documento preciso y oportuno, cuyo artículo único es claro al reconocer un derecho que estaba siendo conculcado por el Senado. La decisión de la presidenta Jeanine Áñez permite el empleo estratégico eficiente de las FFAA al fortalecer su estructura y operatividad, acorde a su misión constitucional, porque en estos niveles de mando juegan un rol importante los siguientes factores: 1. la jerarquía, 2. el grado y 3. la antigüedad, para ejercer el don de mando a plenitud.

La clase política debe tomar en cuenta que la disciplina, la subordinación y la no deliberación, no es un servilismo, sino un deber de todo ciudadano que sirve a su país, es un deber libremente aceptado por los buenos ciudadanos dentro de una jerarquía impuesta, en el cumplimiento de un servicio al país; en consecuencia, no hay razón para confundir o someterlas a caprichos, como estuvo manejándolas Evo Morales durante todo su mandato. En hora buena, los militares están consagrados a la función militar, al deber, el honor, abnegación y espíritu militar, y a cambio solo esperan simplemente que se haga lo correcto.

Queda absolutamente demostrado que esta plaga política parapetada en la Asamblea Legislativa se destaca por su falta de integridad y se dedica a boicotear las gestiones del gobierno. Por su parte la presidenta del Estado, así como promulgó el ascenso de generales y almirantes en el marco de sus atribuciones, así mismo lo podrá hacer en otras áreas, sin perder las coordenadas de la legalidad y justicia, a fin de proteger la libertad y la vida, la honra del hombre y los derechos que derivan de su naturaleza jurídica, para fortalecer el Estado de Derecho en contra de los abusos del Poder Legislativo.

El autor es Abogado, Cnl. de Ejército y

Profesor Universitario.