¿Legislativo u órgano de campaña?

La Asamblea Legislativa Plurinacional realiza el papel de impulsor de la campaña electoral del MAS y como su mejor medio de propaganda, utilizando las leyes para la misma finalidad. Esta postura es un atentado contra el rol de equilibrio político y nacional al cual se debe primariamente la ALP.

La política del “rodillo” parlamentario o de los dos tercios masistas sigue fielmente el modo de gobierno de favorecer a unos y congelar o esclerosar a otros, aplicado por el ex presidente Evo Morales en función de su premisa de “trabajar” solo con las gobernaciones y municipios que le eran adictos, dejando en la estacada al resto. O cuando recurrió al extremo de ofrecer a las poblaciones “todo cuanto le pidieran…” si votaban a su favor.

He aquí algunas de esas leyes lindantes en la demagogia o por lo menos discutibles: la Ley de rebaja del 50% de los alquileres de viviendas y otros. La Ley de diferimiento o postergación de pagos y amortizaciones de préstamos bancarios hasta el final de la pandemia o sea un plazo indefinido. La probable próxima ley de rebaja de pensiones escolares a un 50%. Otro proyecto de ley de diferimiento del pago de intereses bancarios hasta fin de año.

En primer lugar, esas disposiciones intervienen en la libre administración del patrimonio individual y de la actividad particular, además de poner en peligro la liquidez de los Bancos y de probables quiebras con grave daño a los ahorristas y depositarios de recursos. También pondrían en peligro el empleo de maestros de colegios particulares.

Otra de las finalidades partidistas que efectúa la mayoría parlamentaria es el boicot y tranca a las acciones del Órgano Ejecutivo. Tal el bloqueo a los préstamos de organizaciones financieras internacionales que en momentos de emergencia sanitaria limitan la atención oportuna del Gobierno. Aparecen también las leyes punitivas del Órgano Legislativo Plurinacional dirigidas contra los actuales gobernantes, como la de prohibir su alejamiento al exterior durante seis meses después de la posesión del nuevo gobierno a elegirse. Otra ley veta el desempeño de cualquier función pública a los ministros de Jeanine Áñez que fueran censurados por el Legislativo, encontrándose pendientes varias interpelaciones.

Los dos tercios no terminan de entender que el Legislativo no es un apéndice partidista y tampoco una asamblea sindicalista o de los “movimientos sociales”, sino que su misión y su responsabilidad ante el país es la de legislar bajo el principio del justo medio, sin dictar leyes de beneficio parcial o para ganar adeptos, sino en procura del bien común. Por todo esto deben asimilar que son depositarios de la soberanía política para el bien de todos, libres de discriminación y de preferencias o favoritismos, menos aun de dictaduras partidistas.