Suman demandas para anular personería jurídica del MAS

En los dos primeros días de la semana, aumentaron las demandas de agrupaciones políticas contra el Movimiento al Socialismo (MAS) por delitos electorales ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), exigiendo la inhabilitación de candidatos y cancelar la personería jurídica del partido azul.

El representante de la Alianza Somos Pueblo, Rafael Quispe, interpuso este martes una denuncia por delitos electorales ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en contra del Movimiento al Socialismo (MAS) por la difusión de una encuesta en un medio televisivo.

Quispe informó que en la denuncia se pidió al TSE la anulación de la sigla del MAS, la inhabilitación del aspirante a la presidencia Luis Arce Catacora y de todos los candidatos de la organización política.

“Estamos pidiendo la anulación o la cancelación de la personería jurídica del Movimiento al Socialismo, la inhabilitación de sus candidatos a asambleístas, senadores, diputados y supraestatales porque el señor Arce ha violado la ley del Régimen Electoral”, explicó a Fides.

La denuncia presentada por Quispe se suma a la presentada ayer por la Alianza Juntos de la presidenta Jeanine Áñez, en la que también se exigió la cancelación de la sigla del MAS.

El primer día de la semana, la agrupación Creemos, representada por la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, fue una de las primeras fuerzas políticas en hacerse presente en instalaciones del TSE, quien en compañía de su asesor jurídico dijo que esta no es la primera vez que el MAS comete faltas electorales. “Una vez más, el Movimiento al Socialismo comete un delito electoral, lo hizo con el 21F y ahora cometen otro delito cuando el candidato Luis Arce en un medio de comunicación señala las encuestas internas de su partido. Al cometer este hecho y emitir estas declaraciones está buscando la inclinación de la votación, algo que no está permitido por la ley electoral”, acotó.

Por parte de la alianza Juntos, el diputado por Unidad Demócrata (UD) Tomás Monasterio dijo que se hizo constar en la denuncia que ya existen antecedentes jurídicos que dan jurisprudencia sobre este caso, el mismo que tuvo lugar en el año 2015, cuando 228 candidatos de la agrupación Unidad Demócrata del departamento del Beni fueron inhabilitados, luego de que este partido difundiera resultados de una encuesta de intención de voto, acto que está prohibido y que derivó en la pérdida de su personería jurídica.

La agrupación Libre-21, mediante la candidata a diputada nacional, Susana Carola Campos, sostiene que el candidato presidencial del partido de Evo Morales elaboró encuestas internas, vulnerando la prohibición del artículo 135, parágrafo I, inciso “C” de la Ley de Régimen Electoral; difundió los resultados de estas, en un medio de comunicación.