Retardación de justicia y las víctimas colaterales

La familia del exjefe de operaciones de la agencia del Banco Unión en el municipio de Desaguadero, Julio César R., detenido en el penal de San Pedro de La Paz, desde el 18 de mayo de 2018, por un presunto desfalco de Bs 1,6 millones en 2017, busca justicia ya que a la fecha no hay avances en la investigación.

Según relató uno de los familiares a EL DIARIO, el exjefe de operaciones fue aprehendido el 16 de mayo de 2018, ese día permaneció en celdas policiales a la espera de prestar su declaración informativa. Por un “mal asesoramiento” del abogado que lo patrocinó de inicio, Julio se acogió a su derecho al silencio.

Desde el momento de la aprehensión, la familia de Julio pidió ver el cuaderno de investigaciones para conocer detalles de la denuncia, empero les fue negada. Ya en audiencia de medidas cautelares el exjefe explicó que no tenía conocimiento de ningún desfalco porque en la agencia de Desaguadero nunca se detectó faltante de dinero, siendo que el banco tiene auditorías internas y externas constantes y sus estados financieros son publicados anualmente, por lo que en las gestiones 2015, 2016 y 2017 no reflejaron faltante alguno de dinero, por ende el área de auditoría estaría entrando en una contradicción de información.

Al concluir la audiencia, el fiscal del caso manifestó a los medios de comunicación que el exjefe se declaró culpable y que involucró a otras personas, información que fue desmentida por familiares de Julio a través de una carta pública, donde aclararon que es inocente y que jamás acusó a otros compañeros.

Desde el inicio del proceso hubo un sinfín de irregularidades que a la fecha no se aclaran, por ejemplo, la denuncia fue presentada sólo con un informe de auditoría interna realizada por el gerente regional del Banco Unión de La Paz. No contiene informes de las cinco fechas en las que se dio el supuesto desfalco de 1,6 millones de bolivianos, tampoco demuestran cómo Julio sacó físicamente esa cantidad de dinero.

El exjefe de operaciones y único detenido, afirmó en sus declaraciones que las claves de acceso a las cuentas de los cajeros automáticos no son de uso único y el área informática del Banco Unión también tiene acceso a ellas.

Existen informes contradictorios de la Contraloría, una primera emitida el 28 de noviembre de 2018, señala que los trabajadores del Banco Unión S. A. no son funcionarios públicos, por lo que no pueden ser procesados por incumplimiento de deberes. El segundo informe, de fecha 7 de mayo de 2019, contradice el primero y dice que “para ciertos fines” se los considera empleados del Estado.

En ese marco, el 14 de enero de 2019, Julio fue acusado por cuatro delitos en su contra, sin embargo, en octubre de 2019, emiten una segunda acusación donde mencionan como único ilícito, delitos financieros.

DENUNCIAS

Debido a las irregularidades en las acusaciones y a la retardación de justicia, el exjefe de operaciones denunció a la jueza del caso, Melina L., en cuatro oportunidades ante el Consejo de la Magistratura, sin embargo, a la fecha no existe respuesta y cuando insistieron, el encargado de fiscalización de esa institución en un tono bastante grosero les dijo: “Qué buscan con las denuncias, si es para sacarlo inocente, no lo harán”.

Asimismo, cinco denuncias fueron presentadas contra el fiscal Germán R. por negarse a investigar y solicitar informes de la Contraloría y los ministerios de Economía y Trabajo. El funcionario del Ministerio Público tampoco sancionó la obstaculización a la investigación del Banco Unión.

En enero pasado, el abogado Marwel F. que patrocinó a uno de los implicados en el caso, se acercó a la familia de Julio y pidió, a nombre de la juez Melina L. y el fiscal, German R., 19.000 dólares para que el caso quede estancado y beneficiar al exjefe con detención domiciliaria.

El jurista aclaró que de los 19.000, 5.000 era para el fiscal, 2.000 para la jueza y 12.000 para él porque la condición era que tomen sus servicios y deje al abogado que actualmente lo patrocina.

“El abogado tiene un nexo muy fuerte con el fiscal, con la jueza y su cliente que es uno de los implicados en el caso, quien a la fecha está libre, nunca fue cautelado. Por miedo no quisimos hacer la denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo, en abril de este año, se presentó la denuncia ante el Ministerio de Justicia, sobre la extorsión de 19.000 dólares, la cual se solventó con varias grabaciones de audio.

El caso fue derivado a la oficina de Derechos Fundamentales quienes indicaron que abrirían un proceso, pero a la fecha no hay nada. “Nosotros esperábamos que las autoridades aludidas se adhieran a la denuncia, pero no lo hicieron. Es más posterior a ello nos dijeron que si no pagábamos el dinero reabrirían el caso porque ya estábamos en juicio. Al final, no dimos el dinero, denunciamos y el resultado es que se reabrió el caso”, lamentó el familiar a tiempo de aclarar que a la fecha no se realizó al Inspección Técnica Ocular (ITO), la reconstrucción de los hechos, ni se tomó declaraciones a los testigos ofrecidos.

DESAPARICIÓN DE

PRUEBAS

El 13 de diciembre de 2019 se denunció el extravío de cinco de las 17 cajas de pruebas de las oficinas de la Fiscalía. Entre los documentos contenidos en las cinco cajas, que aún no son halladas, estaría el informe de auditoría externa practicada al Banco Unión el 2017 por la firma Ernest Young.

También se encontrarían datos referentes al movimiento de dinero en arqueos de cajeros automáticos (ATM), bóveda, informes de jefaturas de los controles trimestrales a la agencia, entre otros, que demuestran que no existe desfalco.

EL DIARIO buscó al fiscal Germán R. para conocer su versión y que pueda explicar sobre la desaparición de las pruebas, empero vanos fueron los intentos. Sin embargo, desde la unidad de comunicación del Ministerio Público nos informaron que el fiscal fue trasladado a la ciudad de El Alto y que otro fiscal se hará cargo del caso.

SIN PRUEBAS

En un audio al que accedió este medio de comunicación, el exfiscal Ronald Ch., quien estuvo a cargo del caso dijo que no halló indicios que inculpen al exjefe de operaciones y recomendó a la familia pedir que se realice la ITO y la reconstrucción del hecho.

“Pidan la ITO yo quería hacerlo, insistí pero no lo hicieron, ahora ustedes tienen la potestad de hacerlo. Cuando se hizo la acusación, la coordinadora ha dicho: cuidado que haya una sorpresa aquí, porque el doctor Germán R. estaba en Santa Cruz, si no me equivoco. Yo le había dado parámetros al asistente, porque él estaba proyectando, le dije que hay que hacer algunos sobreseimientos, incluso rechazo, porque hay delitos que no se han configurado, pero él me dijo que la doctora Montoya indicó eso, y le dije entonces que haga lo que corresponda. Le calaré al asistente que yo ya no iba a estar en suplencia el día lunes, porque llegaba el doctor German R. y fue él quien formó la acusación. Yo tenía que firmar esa resolución de la acusación, pero les dije que yo no firmo nada porque no estoy de acuerdo (…)”, se escucha en parte del audio.

El familiar afirma que hasta la fecha, el Banco Unión y la Fiscalía no presentaron imágenes o videos que demuestren que Julio robó o alguien sacó el dinero en efectivo.

LA PAZ -

DESAGUADERO

Julio ingresó a trabajar al Banco Unión el 2011, el 2013 ascendió a tesorero, en 2015 salió una convocatoria para subir al cargo de jefe de operaciones al cual se postuló y tras conversaciones con unos directivos acordaron que subiría de cargo pero en una nueva agencia que abrirían en Desaguadero, en la que se quedaría dos años.

El tiempo acordado había concluido, su esposa estaba esperando a su segundo hijo, en un embarazo de alto riesgo y pidió su cambio a La Paz, la respuesta fue que si volvía lo bajaban del cargo, y aceptó.

Posteriormente se negaron, le dijeron que no había vacantes, por lo que decidió emprender viajes diarios a Desaguadero para cuidar a su esposa. En una de esas oportunidades el vehículo en el que iba chocó y fue el único que salió ileso, por lo que consciente del riesgo en el que se encontraba, en mayo de 2017 presentó su renuncia al cargo, se quedó un mes más hasta que el banco encuentre otro funcionario y entregar toda la documentación.

En junio dejó la agencia y junto a su esposa emprendieron un negocio pequeño de venta de ropa de bebé, para ello en abril de 2018, un mes antes de su detención, accedió a un préstamo del Banco Unión para incrementar el capital.

La Fiscalía nunca pudo demostrar cómo Julio sacó físicamente el dinero que dicen desfalcó y dónde estaría ya que los bienes incautados no suman siquiera una mínima parte de los 1,6 millones.

Le incautaron una tienda donde su mercadería no sobrepasa los Bs 1.000, el anticrético que tenían que era el ahorro de años de trabajo de la pareja, congelaron sus cuentas bancarias, que sumando llegan a Bs 850. Compraron un vehículo con préstamo del Banco Nacional, el cual fue demostrado con papeles.

Todos esos bienes que la pareja tenía fueron confiscados y la esposa que se quedó con deudas por pagar, sobrevive con la ayuda de sus papás, realiza trabajos eventuales para sus vecinos limpiando casas, lavando ropa, alfombras, etc. porque ella se quedó a la cabeza de su familia.